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@ -793,7 +793,9 @@ Es totalmente obligatorio dejar como inadmisibles las pruebas obtenidas bajo tor
Para cada denuncia de torturas o malos tratos, sobre todo añado en caso de cibertortura por ejemplo utilizadas como instrumento de coacción en la mafia de las telecomunicaciones, puede ser bastante complicado reunir todas las pruebas; en mi caso todo el proceso empezó de forma diluida en una escalada de torturas y terror desde el año 2013, reunir todas las pruebas me ha costado investigar de forma independiente y peligrosa todo el entorno, la victimas y aquellos que defino como maquinistas para poder escribir esta sitio web lo que puedo indicar un estado dentro del estado totalmente terrorista, todos nosotros somos torturados con fines de la destrucción de la persona y la explotación tanto en sexo, cuanto en drogas cuanto en ser otros torturadores, cosa que implica ser a sus veces torturados.
Como la tortura suele dejar rastros indelebles en el cuerpo o en la mente de las víctimas, la reparación justa y adecuada casi nunca puede ser completa. Cada Estado parte garantice en su sistema legal que la víctima de un acto de tortura obtenga reparación judicial y goce de un derecho efectivo a una reparación justa y adecuada, incluidos los medios para la rehabilitación más completa posible. Lo más importante para las victimas de torturas es restablecer su dignidad; añado desde mi experiencia en la cibertortura transmitida desde la torre de Collserola en VLF y varios puntos de emisión en ELF en Barcelona que todas aquellas personas que con el tiempo han pasado ser desde torturados a torturadores que han tenido que ver y infligir torturas a terceros inocentes como ellos, que los han visto suicidarse, y que su psique y su dignidad tiene ser obligadamente objeto de compensación económica y ayuda psicológica por parte del Estado, contando que algunos funcionarios de varios organismos participan activamente en este negocio terrorista este es el escándalo más grande de nuestra Europa Unida gravemente atacada por parte de esta infraestructura criminal, la tecnocracia.
Como la tortura suele dejar rastros indelebles en el cuerpo o en la mente de las víctimas, la reparación justa y adecuada casi nunca puede ser completa. Cada Estado parte garantice en su sistema legal que la víctima de un acto de tortura obtenga reparación judicial y goce de un derecho efectivo a una reparación justa y adecuada, incluidos los medios para la rehabilitación más completa posible. Lo más importante para las victimas de torturas es restablecer su dignidad; añado desde mi experiencia en la cibertortura transmitida desde la torre de Collserola en VLF y varios puntos de emisión en ELF en Barcelona que todas aquellas personas que con el tiempo han pasado ser desde torturados a torturadores que han tenido que ver y infligir torturas a terceros inocentes como ellos, que los han visto suicidarse, y que su psique y su dignidad tiene ser obligadamente objeto de compensación económica y ayuda psicológica por parte del Estado, contando que algunos funcionarios de varios organismos participan activamente en este negocio terrorista este es el escándalo más grande de nuestra Europa Unida gravemente atacada por parte de esta infraestructura criminal, la tecnocracia. El reconocimiento público del daño o humillación sufridos y el establecimiento de la verdad, junto con una disculpa pública, con frecuencia pueden brindar mayor satisfacción que una reparación material. Muchos sobrevivientes de la tortura ven la mayor satisfacción que la justicia como tal únicamente cuando enjuiciamiento penal ha redundado en el debido castigo a los culpables. En su mayoría, las víctimas de la tortura necesitan urgentemente tratamiento médico y rehabilitación psicológica a largo plazo en centros especializados. El monto de la indemnización material debe comprender, por lo tanto, todo daño económicamente cuantificadle, como el coste de las medidas de rehabilitación a largo plazo y la indemnización por oportunidades perdidas, entre otras, en materia de empleo, instrucción y beneficios sociales. Además de proporcionar una reparación ajustada a las necesidades de la victima, los Estados tienen asimismo la obligación de instituir la impunidad, enmendar, por ejemplo, las leyes de amnistía, establecer órganos de investigación independientes o promover la observación de códigos de conducta para los funcionares del orden. En la práctica, para las víctimas de la tortura el derecho al resarcimiento y a una reparación adecuada no existe o está severamente restringido, con lo que casi nunca se les ofrece una debida reparación. Un problema común en la relación con las denuncias de torturas es que no se reconoce a las víctimas ni a sus familiares el estatuto jurídico necesario, por lo que no pueden exigir reparaciones. En el mejor de los casos, los servicios de rehabilitación medica y social por la tortura no son ofrecidos por los gobiernos responsables sino por organizaciones privadas, normalmente en los países que han concedido asilo a las víctimas.
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